La Justicia en lugar de investigarlo tal cual se pidió, reincorporó al denunciado ex ministro Nicolás Anzulovich al antiguo puesto
Hasta el 9 de diciembre integró el gabinete de Alberto Rodríguez Saá y ahora volvió como empleado. Está denunciado por enriquecimiento ilícito.
A través del Acuerdo N° 354 del 29 diciembre el Superior Tribunal de Justicia le asignó función en la Unidad de Mandamientos y Notificaciones. Los ministros Jorge Levingston (presidente), Cecilia Chada, Carolina Monte Riso, Eduardo Allende y Guillermo L’Huillier ordenaron el listado de magistrados, funcionarios y empleados que atenderán los asuntos urgentes durante la feria.
Nicolás Vicente Anzulovich Aguilar volvió al Poder Judicial después de una década. En junio de 2013 inició como funcionario una vertiginosa carrera que a la postre resultó manchada por el sorprendente patrimonio acumulado durante su vida pública y por una denuncia penal que lo espera en el punto de partida de su derrotero laboral.
Arrancó como jefe de Programa de Innovación Tecnológica (responsable del sistema de monitoreo de video vigilancia) en el staff del entonces ministro de Seguridad, Martín Olivero durante la primera gestión de Claudio Poggi.
En 2015 en la vuelta de Alberto Rodríguez Saá al Gobierno siguió en el gabinete. Asumió en la dirección del Ente de Control de Rutas y en diciembre de 2018 pasó a la coordinación general de Dosep, organismos donde encabezó gestiones con la transparencia como cuenta pendiente.
La mesa de Rodríguez Saá tras la derrota del 11-J. (Foto ANSL)
En 2021 fue electo diputado por el departamento Pueyrredón y a los 13 días de haber asumido, renunció a la banca porque Rodríguez Saá lo designó ministro de Desarrollo Social.
Estuvo en el centro de atención por varias polémicas. En la última campaña electoral un evento repugnante lo tuvo de protagonista porque encerraban a beneficiarios del Plan, previo a quitarles el teléfono, en despachos oficiales y dependencias de clubes para hacerles firmar un “contrato” que no podían leer y del cual no les entregaban copia a cambio de que votaran la fórmula gubernamental que tenía a su esposa Eugenia Catalfamo como candidata a vicegobernadora. En definitiva, apretaban a los trabajadores que debían limitarse a escuchar lo que decía Anzulovich y otros funcionarios.
El 8 de junio, en vísperas de la elección, fue denunciado por enriquecimiento ilícito. La presentación corrió por cuenta de Alicia Toribio, una trabajadora del Plan que dependía justamente del funcionario albertista.
Habían explotado públicamente dos escándalos.
Un posteo de una concesionaria de Córdoba mostrándolo con una moto KTM 1190 valuada en $22 millones provocó indignación.
La imagen se viralizó el 13 de mayo de 2023.
La debilidad por el exhibicionismo fue el disparador para que se destapara el asombroso patrimonio. La cantidad de bienes despertó interrogantes porque no se consideraban coherentes con sus ingresos como funcionario.
A eso se sumó una flota de vehículos en la que sobresalen una Jeep Renegade Longitude 1.8 Automático Modelo 2019 de $15 millones; una Jeep Compass todo terreno modelo 2008 de $4 millones; y una Bronco Sport Wildtrak 2.0 todo terreno modelo 2021 de $23 millones. Estos precios se tomaron en el momento que se ventiló la fortuna.
La investigación del periodista Emanuel Moreno de El Puntano sobre la mansión que construía con Catalfamo en un barrio privado de La Florida, terminó de desencadenar una acción penal.
Rodríguez Saá lo bancó al punto que lo sentó junto a la mesa en su despacho en el 3er piso de la Torre I de Terrazas en la reaparición pública tras la derrota del 11-J que marcó el final de su ciclo. En esa elección fue candidato a senador suplente.
Foto web.
Lo sostuvo hasta el último día y con doble cargo. En forma simultánea ejerció como ministro e integrante del directorio de la Sociedad del Estado del Hospital Ramón Carrillo.
La causa recayó en manos de la fiscal María Durán y está prácticamente paralizada.
Los Tribunales son la segunda casa de Anzulovich. Reviste la condición de empleado y llegó a representar a todos los trabajadores como secretario general del gremio.
Ahora la Fiscalía de Estado se constituyó como querellante.
Es notificador y estará de turno en la feria.
Colaboró Néstor Miranda